Por una sociedad que no puede aceptar que quien se endeudó para comer, pagar la luz o sostener a su familia sea tratado simplemente como un “deudor”
La voz de la Iglesia Católica volvió a poner sobre la mesa una realidad que millones de argentinos conocen demasiado bien: el endeudamiento de las familias ya no puede ser considerado un asunto exclusivamente privado.
En las últimas semanas, distintos referentes de la Iglesia argentina expresaron su preocupación por una situación que atraviesa hogares de trabajadores, jubilados y sectores medios y populares. El mensaje más reciente fue formulado por monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien advirtió que el Gobierno no puede mirar el problema superficialmente ni limitarse a decir que los deudores “se arreglen” por su cuenta.
Colombo fue todavía más concreto: planteó la necesidad de establecer criterios para la contratación de las deudas y discutir qué proporción del salario de una persona puede razonablemente quedar comprometida por créditos y cuotas. También advirtió sobre la existencia de deudas “leoninas” y sobre aquellas que se acumulan progresivamente hasta colocar al trabajador o a la familia en una situación cada vez más vulnerable.
Su planteo no aparece aislado.
El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, ya había advertido durante la celebración de San Cayetano que miles de argentinos se encuentran atrapados entre salarios que no alcanzan, la necesidad de tener dos o más empleos y el recurso permanente al crédito.
Su advertencia fue contundente: muchas familias están cayendo en una “trampa” de créditos que las endeudan y las asfixian. Y reclamó a la dirigencia política cercanía con las necesidades reales de la población.
No se trata, entonces, de una discusión abstracta sobre economía.
Se trata de familias que piden un crédito para comprar alimentos, pagar un alquiler, afrontar una enfermedad, reparar un automóvil necesario para trabajar o simplemente llegar a fin de mes. Familias que después descubren que la suma de cuotas, intereses, refinanciaciones, tarjetas y préstamos digitales consume una parte cada vez mayor de sus ingresos.
Y cuando el salario ya no alcanza, aparece una nueva deuda para pagar la anterior.
Ese círculo es el verdadero problema.
El Estado no puede mirar hacia otro lado
El Gobierno de Javier Milei ha sostenido que el problema del endeudamiento corresponde fundamentalmente a una relación entre privados y que el Estado no debería asumir las consecuencias de decisiones tomadas por quienes contrajeron los créditos.
De hecho, el propio Presidente llegó a cuestionar la idea de una intervención estatal y sostuvo que a quienes tomaron créditos nadie les puso “una pistola en la cabeza”. El ministro de Economía, Luis Caputo, también sostuvo que se trata esencialmente de una cuestión entre particulares, aunque reconoció que pueden existir tasas abusivas.
Pero esa explicación encuentra un límite evidente: cuando millones de familias quedan atrapadas en el sobreendeudamiento, deja de existir solamente un problema contractual entre acreedor y deudor. Aparece un problema social.
Los datos muestran la dimensión del fenómeno. Según informes citados en el debate público, la morosidad de los préstamos personales alcanzó niveles extraordinariamente elevados y millones de personas se encuentran con dificultades para cumplir sus obligaciones financieras. En las billeteras virtuales, la situación es todavía más preocupante.
Por eso la pregunta ya no es solamente:
“¿Quién firmó el préstamo?”
La pregunta que debería hacerse una sociedad democrática es:
“¿Qué ocurre cuando el sistema financiero puede cobrar una deuda pero la familia ya no tiene ingresos suficientes para vivir después de pagarla?”
La Iglesia coloca el problema en otro lugar
La diferencia fundamental entre ambas miradas es conceptual.
Para una visión estrictamente contractual, existe un deudor que asumió voluntariamente una obligación y debe cumplirla.
Para la doctrina social cristiana, en cambio, existe además una persona, una familia, una dignidad y un derecho a una vida mínimamente digna.
Eso explica la preocupación de los obispos.
García Cuerva señaló que la libertad económica no puede ser entendida de manera absoluta y debe estar vinculada al bien común y a la dignidad de las personas.
Colombo, por su parte, planteó que debe existir algún tipo de criterio que impida que las familias queden atrapadas en obligaciones imposibles de afrontar.
En otras palabras, la Iglesia está diciendo algo muy sencillo:
la libertad para contratar no puede convertirse en libertad para condenar a una familia al sobreendeudamiento.
El contraste con el Congreso
El reclamo adquiere todavía mayor importancia frente al debate político abierto en el Congreso.
Mientras desde distintos sectores se impulsan iniciativas para atender la situación de las familias endeudadas, el Gobierno nacional ha resistido la posibilidad de establecer una política general de asistencia o refinanciación y sostiene que el mercado debe encontrar su propio equilibrio.
Según informes periodísticos recientes, en el Congreso ya fueron presentados numerosos proyectos destinados a facilitar el desendeudamiento de personas y pequeñas empresas. Algunas provincias, además, comenzaron a implementar mecanismos de refinanciación con mejores condiciones para sus habitantes.
Aquí aparece el verdadero desaire político:
cuando una sociedad lleva el problema al Parlamento buscando una respuesta institucional y el Poder Ejecutivo decide no involucrarse, la cuestión deja de ser solamente económica y pasa a ser una discusión sobre cuál debe ser el papel del Estado.
¿Debe el Estado limitarse a garantizar que los contratos se cumplan?
¿O debe intervenir cuando las condiciones económicas producen una situación de sobreendeudamiento masivo que compromete la alimentación, la vivienda, la salud y la posibilidad misma de sostener una familia?
La Iglesia parece inclinarse claramente por la segunda posición.
No se trata de regalar dinero
Ayudar a las familias endeudadas tampoco significa necesariamente condonar indiscriminadamente todas las deudas.
Puede significar regular las tasas abusivas, limitar el porcentaje del salario que puede quedar comprometido, establecer mecanismos de refinanciación, evitar la acumulación de intereses sobre intereses, proteger los ingresos mínimos y crear canales de negociación entre bancos, financieras, billeteras virtuales y deudores.
Es decir: buscar una salida que permita cobrar al acreedor sin destruir económicamente al deudor.
Porque una familia que pierde todo su ingreso para pagar una cuota tampoco constituye una solución económica sostenible.
Una cuestión de humanidad
El mensaje de los obispos tiene, en definitiva, una dimensión que excede a la política partidaria.
No están diciendo que las personas no deban pagar sus obligaciones.
Están diciendo que una economía que obliga a una familia a endeudarse para sobrevivir no puede después desentenderse de las consecuencias de ese endeudamiento.
Y allí aparece la frase de Colombo que resume buena parte del debate:
“No se puede tener una mirada superficial” sobre el problema.
La discusión argentina ya no debería ser simplemente cuánto debe una familia.
Debería ser cuánto puede pagar sin dejar de comer, sin perder su vivienda, sin abandonar sus medicamentos y sin condenar a sus hijos a una vida de privaciones.
Porque cuando la deuda consume la posibilidad de vivir dignamente, deja de ser solamente una obligación financiera.
Se convierte en un problema humano, social y político.
Y frente a millones de familias en esa situación, la respuesta de un Estado democrático no debería ser:
“Arréglense como puedan”.
Debería ser:
“Busquemos una solución”.